Outbook

HTML+CSS+JS, Accesibilidad, PHP y más

Inicio que contiene a legislación

Datos de búsqueda

Etiqueta ‘legislación’

Reglamento acerca de accesibilidad

Fecha de publicación: 2007/11/22

En el BOE del pasado 21 de noviembre se publico el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.

Comentaré algunos de sus artículos.

Artículo 5. Criterios de accesibilidad aplicables a las páginas de internet de las administraciones públicas o con financiación pública.

1. La información disponible en las páginas de internet de las administraciones públicas deberá ser accesible a las personas mayores y personas con discapacidad, con un nivel mínimo de accesibilidad que cumpla las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2004.

Esta obligación no será aplicable cuando una información, funcionalidad o servicio no presente una alternativa tecnológica económicamente razonable y proporcionada que permita su accesibilidad.

No es obligatorio cuando no sea razonable económicamente. Pues ya se sabe por donde se van a saltar la ley las administraciones públicas. Se argumenta que es caro y ya no se hace accesible.

[Art. 5.2]

2. Excepcionalmente, las administraciones públicas podrán reconocer la accesibilidad de páginas de internet conforme a normas técnicas distintas de las que figuran en el apartado 1 de este artículo, siempre que se compruebe que alcanzan una accesibilidad similar a la que estas normas garantizan.

La puerta para usar WCAG en lugar de la norma UNE 139803:2004, puesto que la norma UNE se basa en WCAG 1.0.

[Art. 5.4]

4. Para poder acceder a financiación pública para el diseño o mantenimiento de páginas de internet será necesario asumir el cumplimiento de los criterios de accesibilidad previstos en el apartado 1 del presente artículo.

De igual modo, serán exigibles, y en los mismos plazos, estos criterios de accesibilidad para las páginas de Internet de entidades y empresas que se encarguen, ya sea por vía concesional o a través de otra vía contractual, de gestionar servicios públicos, en especial, de los que tengan carácter educativo sanitario y servicios sociales.

Asimismo, será obligatorio lo expresado en este apartado para las páginas de Internet y sus contenidos, de los centros públicos educativos, de formación y universitarios, así como, de los centros privados sostenidos, total o parcialmente, con fondos públicos.

No se ciñe solo a sitios web de entidades de titularidad pública, sino a todos los financiados con dinero público.

Artículo 7. Sistema de certificación de páginas de internet.

1. A los efectos de este real decreto, las páginas de internet se podrán certificar por una entidad de certificación cuya competencia técnica haya sido reconocida formalmente por una entidad de acreditación de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II del título III, sobre calidad industrial, de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y en sus correspondientes disposiciones de desarrollo contenidas en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial.

2. En los procedimientos de certificación a los que se refiere el apartado anterior se emplearán preferentemente normas técnicas españolas, normas aprobadas por organismos de normalización europeos y, en su defecto, otras normas internacionales aprobadas por organismos oficiales de normalización.

No basta con decir que se cumple con la accesibilidad, sino que es necesario que lo confirme un entidad de certificación (supongo que Technosite, CTIC, etc.)

Parece que este reglamento despeja un poco la forma en que las administraciones públicas deben cumplir con los requerimientos de accesibilidad.

Saber más

Datos del artículo:

Accesibilidad en la versión electrónica de la revista Tráfico y Seguridad Vial

Fecha de publicación: 2007/03/04

Tráfico y Seguridad Vial es una excelente revista (aunque ultimamente la calidad ha ido decreciendo y ha perdido objetividad) editada por la Dirección General de Tráfico.

La versión electrónica de la revista se distribuye en diferentes archivos PDF, uno por cada artículo o sección (cosa que la gente con conexión de 56K agradece mucho). Para acceder a esos archivos la revista tiene un sitio web, que nunca ha sido ejemplar en cuanto a cumplimiento de estándares, accesibilidad, usabilidad, etc.

Pero la versión actual es de vergüenza. A pesar de que la ley obliga a que los sitios web financiados con dinero público sean accesibles a alguna lumbrera se le ha ocurrido hacer la página en flash:

DISPOSICIONES ADICIONALES

Quinta. Accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada a la información proporcionada por medios electrónicos.

Uno. Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para que la información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a personas con discapacidad y de edad avanzada de acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos antes del 31 de diciembre de 2005.

Asimismo, podrán exigir que las páginas de Internet cuyo diseño o mantenimiento financien apliquen los criterios de accesibilidad antes mencionados.

Algunas capturas de pantalla:

Página inicial
Vista de la página inicial (JPG 260 KB).

Captura página inicial sin estilo
Página inicial con las hojas de estilo deshabilitadas.

Página inicial vista en Dillo
Página inicial en Dillo.

Código fuente de la página inicial
Parte del código fuente de la página inicial.

Creo que la captura de la página inicial en Dillo deja dicho todo lo que hay que decir. Dillo es un navegador que solo visualiza páginas accesibles, y en este caso no aparece practicamente nada.

El área de navegación en Flash, por supuesto, con todas sus “ventajas”.

De nuevo un gran trabajo de la Administración Pública.

Datos del artículo:

Ley de Patrimonio Histórico Español (1985)

Fecha de publicación: 2006/11/19

Bienes de Interés Cultural (BIC)

Los organismos competentes para designar un BIC son:

  • La Comunidad Autónoma que tenga a su cargo el bien a declarar de interés cultural.
  • La Administración Central cuando se indique de modo expreso o cuando su intervención sea necesaria para evitar exportación o expolio de los bienes culturales.

La designación de BIC se realiza por medio de un expediente administrativo, que no deberá durar mas de 20 meses. Se contará con algunas instituciones consultivas:

  • Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español.
  • Reales Academias.
  • Universidades españolas.
  • CSIC.
  • Juntas superiores determinadas por el Estado.
  • Instituciones reconocidas por las CCAA.
  • Se puede contar además con el asesoramiento de otros organismos profesionales y entidades culturales.

Los BIC serán inscritos en un Registro dependiente de la AGE.

El BIC deberá ser descrito adecuadamente en la resolución de expediente, limitando en el caso de inmuebles el entorno afectado por la declaración, enumerando las partes integrantes, pertenencias y accesorios.

Los propietarios están obligados a facilitar la inspección de estos bienes por parte de los organismos competentes, su estudio a los investigadores (previa solicitud razonada) y su visita pública (dispensable parcial o totalmente si hay una causa justificada), al menos cuatro días de cada mes. En el caso de bienes muebles se podrá acordar el depósito del bien en un lugar que reuna las adecuadas condiciones de seguridad y exhibición durante un periodo máximo de cinco meses cada dos años.

No podrá ser declarada bien de interés cultural la obra de un autor vivo, salvo si existe autorización expresa de su propietario o media su adquisición por la Administración.

Bienes inmuebles

Se consideran bienes inmuebles:

  • Tierras, edificios, caminos y otras construcciones.
  • Árboles y plantas.
  • Todo lo unido a un inmueble de manera fija y que no pueda separarse de él sin deterioro.

Los bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico Español pueden ser declarados monumentos, jardines, conjuntos y sitios históricos, así como zonas arqueológicas, todos ellos como bienes de interés cultural:

Monumentos:
Aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal siempre que tengan interés histórico, artístico, científico o social.
Jardín histórico:
Es el espacio delimitado, producto de la ordenación por el hombre de elementos naturales, y estimado de interés en función de su origen o pasado histórico o de sus valores estéticos sensoriales o botánicos.
Conjunto histórico:
Es la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad. Asimismo es conjunto histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas mismas características y pueda ser claramente delimitado.
Sitio histórico:
Es el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras del hombre, que posean valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico.
Zona arqueológica:
Es el lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas territoriales españolas.
  • Monumentos: Aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal siempre que tengan interés histórico, artístico, científico o social.
  • Jardín histórico: Es el espacio delimitado, producto de la ordenación por el hombre de elementos naturales, y estimado de interés en función de su origen o pasado histórico o de sus valores estéticos sensoriales o botánicos.
  • Conjunto histórico: Es la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad. Asimismo es conjunto histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas mismas características y pueda ser claramente delimitado.
  • Sitio histórico: Es el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras del hombre, que posean valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico.
  • Zona arqueológica: Es el lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas territoriales españolas.

La incoación de expediente de declaración de interés cultural respecto de un bien inmueble determinará la suspensión de las correspondientes licencias municipales de parcelación, edificación o demolición en las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas. Las obras que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse con carácter inaplazable en tales zona precisarán en todo caso, autorización de los organismos competentes para la ejecución de esta Ley. Esta suspensión a que hace referencia el apartado anterior dependerá de la resolución o caducidad del expediente incoado.

En la tramitación del expediente de declaración como bien de interés cultural de un conjunto histórico deberán considerarse sus relaciones con el área territorial a que pertenece, así como la protección de los accidentes geográficos y parajes naturales que conforman su entorno.

Un inmueble declarado bien de interés cultural es inseparable de su entorno. No se podrá proceder a su desplazamiento o remoción, salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor o de interés social. Para hacer reformas que afecten al inmueble o sus partes integrantes o colocar un rótulo, señal o símbolo habrá que obtener una autorización del organismo competente.

Queda prohibida la colocación de publicidad, cables, antenas, etc. Y también toda construcción que altere el carácter de los inmuebles o su contemplación.

La declaración de BIC obliga a los municipios afectados a la creación de un plan especial de protección del área afectada. Esté plan deberá contar con el visto bueno de la Administración competente para la protección de los bienes afectados. El plan establecerá prioridad para el uso público de los inmuebles afectados. Se tendrán en cuenta la recuperación de áreas residenciales y de la actividad económica.

El Plan establecerá para todos los usos públicos el orden prioritario de su instalación en los edificios y espacios que sean aptos para ello. Igualmente contemplará las posibles áreas de rehabilitación integrada que permitan la recuperación del área residencial y de las actividades económicas adecuadas. También deberá contener los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las mismas.

Se deberá conservar el conjunto urbanístico, procediendo a su remodelación solo en el caso de que esto mejore la integración del BIC con su entorno.

Cualquier obra o remoción que se pretenda hacer en un sitio histórico o una zona arqueológica declarados como BIC deberá ser autorizada por la administración que tenga competencia sobre dicho BIC.

En caso que uno de estos inmuebles sea declarado en ruina mediante los expedientes necesarios y la autorización de la Administración competente se podrá proceder a su derribo.

Bienes muebles

La AGE, en colaboración con otras administraciones competentes, realizará un inventario general de los bienes muebles del Patrimonio Histórico Español (en adelante PHE) no declarados como BIC que tengan singular relevancia. Se podrá recabar de los titulares de dichos bienes el examen de los mismos y la información necesaria para para su inclusión en el inventario.

En caso de que el titular quiera vender el bien deberá comunicarlo a la Administración competente, y la transmisión deberá ser anotada en el Inventario General.

Además, los bienes muebles del PHE podrán ser declarados BIC.

Los bienes en posesión de instituciones eclesiásticas no podrán venderse ni cederse a particulares. Solo pueden venderse o cederse a otras instituciones eclesiásticas, al Estado o a entidades de derecho público.

Los bienes muebles ecportados sin autorización pertenecerán al Estado, y será el Estado quien se encargará de la recuperación de dichos bienes. Si el anterior propietario acreditase la pérdida o robo del bien, podrá solicitar su devolución por parte del Estado, pagando los costes de la recuperación. En caso de no haber cesión, el bien será destinado a un centro público.

La AGE podrá autorizar la salida temporal, constando el plazo y garantías en la autorización. Si se incumplen las condiciones se considera exportación ilícita.

Los bienes muebles cuya importación haya sido realizada legalmente y esté bien documentada no se podrán declarar BIC en un plazo de diez años desde la fecha de importación (salvo que el propietario lo solicite y se den las circunstancias para que se le conceda).

La declaración de valor hecha por el solicitante de la autorización de exportación será considerada oferta de venta en favor del Estado.

Protección de bienes muebles e inmuebles

Los bienes del PHE serán conservados y mantenidos por sus propietarios. La utilización de estos bienes queda subordinada a que no se pongan en peligro. Cualquier cambio de uso será autorizado por los organismos competentes.

Cuando los propietarios no puedan permitirse el mantnimiento y conservación de los bienes, la administracion competente podrá ordenar su ejecución subsidiaria, concediendo ayudas económicas si es necesario. Los bienes muebles pueden ser depositados en centros públicos. Si el propietario no cumple sus obligaciones habrá expropiación forzosa.

La Administración competente podrá impedir un derribo y suspender obras en un BIC.

Se expropiarán los inmuebles que impidan la contemplación de los bienes BIC o sean un riesgo para ellos.

Si un bien BIC o incluido en el Inventario General se va a vender, la venta será notificada, y la Administración podrá ejercer su derecho de tanteo.

Las restauraciones respetarán las todas las aportaciones de distintas épocas. Si se necesita añadir materiales adicionales en la restauración, las adiciones deben ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas. Si se suprime alguna parte, ésta deberá quedar debidamente documentada.

Patrimonio arqueológico

Forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental. Forma parte, asimismo de este patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes.

Quedan declarados bienes de interés cultural las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre.

Son excavaciones arqueológicas las remociones que se realicen con el fin de descubrir e investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como los componentes geológicos con ellos relacionados.

Son prospecciones arqueológicas las exploraciones sin remoción del terreno, dirigidas al estudio de datos sobre cualquiera de los elementos a que se refiere el apartado anterior.

Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos materiales que, poseyendo los valores que son propios del PHE, se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier otro tipo de remociones de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole.

Toda excavación arqueológica deberá ser expresamente autorizada por la Administración competente, que comprobará que los trabajos estén planteados y desarrollados conforme a un programa detallado y coherente que contenga los requisitos concernientes a la conveniencia, profesionalidad e interés científico. Esto obliga a los beneficiarios a entregar los objetos obtenidos, debidamente inventariados, catalogados y acompañados de una memoria, al museo o centro que la Administración competente determine y en el plazo que se fije, teniendo en cuenta su proximidad al lugar del hallazgo y las circunstancias que hagan posible, además de su adecuada conservación, su mejor función cultural y científica.

Serán ilícitas las excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas sin la autorización correspondiente, o las que se hubieren llevado a cabo con incumplimiento de los términos en que fueron autorizadas, así como las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de objetos arqueológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente a la Administración competente.

La Administración competente podrá ordenar la ejecución de excavaciones arqueológicas en cualquier terreno público o privado, en el que se presuma la existencia de yacimientos.

Son bienes de dominio público todos los objetos y restos que sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar. El descubridor deberá comunicar a la Administración competente su descubrimiento en el plazo máximo de treinta días e inmediatamente cuando se trate de hallazgos casuales. Una vez comunicado el descubrimiento, y hasta que los objetos sean entregados a la Administración competente, al descubridor le serán de aplicación las normas del depósito legal, salvo que los entregue a un Museo público.

El descubridor y el propietario del lugar en que hubiere sido encontrado el objeto tienen derecho, en concepto de premio en metálico, a la mitad del valor que en tasación legal se le atribuya, que se distribuirá entre ellos por partes iguales. Si fuesen dos o más los descubridores o los propietarios se mantendrá igual proporción.

Patrimonio etnográfico

Son bienes muebles e inmuebles, conocimientos y actividades que conformen en la actualidad o en el pasado expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español, en aspectos materiales, sociales o espirituales.

Son bienes inmuebles de carácter etnográfico las edificaciones cuyo modelo constitutivo sea expresión de comunidades o grupos humanos.

Son bienes muebles de carácter etnográfico los que constituyan manifestación o producto de actividades laborales de un grupo humano.

Se considera de valor etnográfico y tendrán protección los conocimientos y actividades procedentes de técnicas tradicionales usados por una comunidad. Si se trata de conocimientos en peligro de desaparición se adoptarán las medidas necesarias para el estudio y documentación de estos bienes.

Patrimonio documental y bibliográfico y de archivos, bibliotecas y museos

Patrimonio documental y bibliográfico

Documento
es toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material.

El documento es toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material.

Forman parte del patrimonio documental documentos de cualquier época, de cualquier organismo de carácter público, los documentos de antigüedad superior a los 40 años relativos a la actividad de entidades privadas, y los documentos de una antigüedad superior a los 100 años generados por personas físicas. La AGE podrá declarar como patrimonio documental documentos que merezcan dicha consideración.

Forman parte del patrimonio bibliográfico las bibliotecas y colecciones bibliográficas de titularidad pública y las obras de las que no conste la existencia de al menos tres ejemplares en las bibliotecas públicas. Se da por hecho que existe este número de ejemplares en todas las obras cuya edición sea posterior a 1958. Se aplica el mismo procedimiento a materiales audiovisuales, sonoros, fotográficos, etc.

Las Administraciones competentes elaborarán un censo de los bienes integrantes del patrimonio documental y el catálogo colectivo de los bienes integrantes del patrimonio bibliográfico. La Administración competente tiene derecho a examinar los bienes integrantes de estos patrimonios para poder incluirlos si procede en dichos registros.

Los poseedores de patrimonio documental y bibliográfico tienen obligación de garantizar su correcta conservación. En caso de incumplimiento se procede a la expropiación forzosa. Además se debe permitir que las Administraciones competentes y los investigadores puedan estudiarlos. La obligación de permitir el acceso a los investigadores podrá evitarse mediante el depósito temporal en un centro público.

El patrimonio documental y bibliográfico de gran relevancia se incluirá en una sección especial del inventario general de bienes muebles del PHE.

La eliminación de estos documentos deberá ser autorizada por la Administración competente.

Archivos, bibliotecas y museos

Son archivos los conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión de varios de ellos, reunidos por las personas jurídicas en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa.

También son archivos las instituciones culturales donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden para los fines anteriormente mencionados dichos conjuntos orgánicos.

Son bibliotecas las instituciones culturales donde se conservan, catalogan, y difunden colecciones de libros y otros materiales bibliográficos para su lectura en sala pública o mediante préstamo temporal, al servicio de la educación, la investigación, la cultura y la información.

Son museos las instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural.

Podrán admitir en depósito

Constituyen los sistemas españoles de archivos, de bibliotecas y de museos, respectivamente, los archivos, bibliotecas y museos, y los servicios de carácter técnico o docente directamente relacionados con los mismos.

Medidas de fomento

En el presupuesto de cada obra pública se incluirá una partida de al menos el 1% del presupuesto destinado a la conservación del PHE o de fomento de la cultura. Será preferente su utilización en el entorno inmediato de la obra realizada. Se excluyen algunos tipos de obras, como las que cuyo presupuesto no supera los 600.000 €.

La finalidad del uno por ciento cultural es la conservación del PHE, conservando, restaurando, rehabilitando, consolidando e incluyendo la elaboración de proyectos técnicos. Estos trabajos deben incluirse en programas de actuación. Otros objetivos son el enriquecimiento del PHE, mediante exposiciones, acciones divulgativas, etc., y el fomento de la creatividad artística mediante la adquisición de obras de autores vivos.

A los propietarios de bienes integrados en el PHE se les aplican beneficios fiscales.


Enlaces relacionados

Datos del artículo:

El canon en las bibliotecas

Fecha de publicación: 2006/10/29

Parece que a la Unión Europea no le ha gustado que España desobedezca en el tema del canon a las bibliotecas.

Lo raro es que España no haya hecho caso de la legislación que obligaba a imponer dicho canon, habiendo como hay un montón de intermediarios de la cultura (en este caso las editoriales) insaciables, deseando llenar sus arcas. Por que no se trata de otra cosa distinta de llenar las arcas (en algunos casos bastante repletas). Si en realidad fuese para compensar a los autores, que es lo que argumentan, ¿como pueden compensar, por ejemplo, al autor del Lazarillo de Tormes? En primer lugar no es muy probable que ese autor esté vivo, y en segundo lugar, se desconoce su identidad. Creo que son dos factores que dificultan bastante darle a ese autor el dinero que le corresponde. Pero por antigüedad, según el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, ya no tendría derechos que cobrar (estos artículos no se ven afectados por la Ley 19/2006, de 5 de junio):

Artículo 26. Duración y cómputo.

Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.

Artículo 27. Duración y cómputo en obras póstumas, seudónimas y anónimas.

1. Los derechos de explotación de las obras anónimas o seudónimas a las que se refiere el artículo 6 durarán setenta años desde su divulgación lícita.

Cuando antes de cumplirse este plazo fuera conocido el autor, bien porque el seudónimo que ha adoptado no deje dudas sobre su identidad, bien porque el mismo autor la revele, será de aplicación lo dispuesto en el artículo precedente.

2. Los derechos de explotación de las obras que no hayan sido divulgadas lícitamente durarán setenta años desde la creación de éstas, cuando el plazo de protección no sea computado a partir de la muerte o declaración de fallecimiento del autor o autores.

Artículo 28. Duración y cómputo de las obras en colaboración y colectivas.

1. Los derechos de explotación de las obras en colaboración definidas en el artículo 7, comprendidas las obras cinematográficas y audiovisuales, durarán toda la vida de los coautores y setenta años desde la muerte o declaración de fallecimiento del último coautor superviviente.

2. Los derechos de explotación sobre las obras colectivas definidas en el artículo 8 de esta Ley durarán setenta años desde la divulgación lícita de la obra protegida. No obstante, si las personas naturales que hayan creado la obra son identificadas como autores en las versiones de la misma que se hagan accesibles al público, se estará a lo dispuesto en los artículos 26 ó 28.1, según proceda.

Desconocido, muerto (y sin herederos conocidos) y sin derecho a cobrar. ¿Que argumenta ahora el intermediario de la cultura? Muy sencillo: que han incluido un prólogo, una introducción, un montón de útiles anotaciones, etc. Se trata de la creación de una obra derivada.

Eso de obra derivada puede sonar un poco a Creative Commons. Quizá las obras de autores españoles en las que los derechos económicos hayan cesado por la antigüedad deberían regirse por la Creative Commons, o por algo parecido, de forma que el uso comercial quedase restringido a aquellos intermediarios culturales que aceptasen que esa obra que publican quedase exenta de canon en las bibliotecas. Pero claro, esas cosas no gustan a los intermediarios culturales, quienes quieren erigirse en propietarios de una cultura que no es solo suya, sino de todos.

Un párrafo muy interesante sacado de IWETEL:

¿podrían las editoriales aclarar qué parte del impuesto correspondería a los herederos de Cervantes por el préstamo público de una traducción centenaria del Quijote? Y, además, ¿dónde obtienen las editoriales y los editores literarios las ediciones históricas y manuscritos de obras clásicas cuyo cotejo es necesario para volver a publicarlas? ¿Acaso no los buscan en las bibliotecas, sin mencionarlo en sus ediciones (no sea que los bibliotecarios vayan a exigirles un impuesto por ello)?

Los autores que no viven de escribir libros y la venta de sus libros no les reporta importantes cantidades de dinero (probablemente haya alguno), pero que están vivos y la antigüedad de sus obras (seguro que algunas serán interesantes) aun les permite tener derechos económicos sobre ellas quizá debieran plantearse distribuir su obra bajo una licencia Creative Commons:

Las editoriales se ponen histéricas con ese tipo de proyectos, y protestan, dicen, que por el bien del bolsillo de los autores. Pero si buena parte de los autores de libros no viven de ello, ¿que más les da? Lo que les interesa a esos autores no es la cantidad de ejemplares que se vendan, sino la difusión y repercusión de su obra. Entonces, ¿porque atarse a una editorial? ¿Por que no usar una licencia Creative Commons (por ejemplo)? Con la licencia Creative Commons la obra se podría difundir facilmente por Internet, y si una editorial considera que esa obra merece la pena (leer en pantalla es un calvario, y ponerse a imprimir y encuadernar un libro es poco económico) podrían libremente publicar esa obra, y, si el autor lo permite (seguro que la editorial puede llegar a un acuerdo), lucrarse (si el libro es bueno, seguro que se vende). De ésta forma las editoriales no salen tan perjudicadas (aunque tendrían que cambiar un caduco modelo de negocio que por nada del mundo les gustaría cambiar).

De esa forma los intermediarios culturales no tendrían argumentos para cobrar un canon, ya que si el autor permite que su libro se distribuya libremente… Pero los políticos profesionales (solo son competentes en mantener la silla bien calentita y cobrar su jugoso sueldazo, y sus huestes son numerosas) que se encargan de hacer las leyes no serían capaces de hacer la distinción entre un libro de libre distribución y uno que no lo es. Al hacer una ley no serían capaces de distinguirlos. Y si alguno de esos políticos da indicios de ser capaz, ya se encargarán los intermediarios culturales de convencerle. Como sea, cueste lo que cueste.

Otro ejemplo. Una casa en la que viven tres personas (‘A’, ‘B’, ‘C’ y ‘D’). ‘A’ tiene una excelente colección de libros, de todo tipo: de autores actuales, del Siglo de Oro, alguno de la Edad Media, alguno de Aristóteles, libros descatalogados que ya no se venden (y de los que las editoriales ya no pueden sacar rentabilidad, suponiendo que esas editoriales sigan existiendo). ‘B’ encuentra un libro de un autor actual y se lo pide prestado a ‘A’. ‘A’ es generoso y se lo presta. ‘C’ rebusca en la colección y encuentra un libro de un autor que está vivo, pero que está descatalogado, ya no se vende. Se lo pide prestado a ‘A’, que accede al trato. ¿Tiene ‘A’ y que pagar el canon? ¿No es lo mismo que cuando se presta en la biblioteca?

Si el libro ya no se edita es evidente que ni autor ni editorial pueden sacar beneficios del mismo. Y si la editorial no lo edita es porque no quiere, sea cual sea el motivo. En este caso el canon es absurdo, no tendría sentido, ya que no se causa pérdida económica a nadie. En todo caso el préstamo de ese libro puede darle publicidad, y hacer que haya gente interesada en comprarlo (eso, al menos a mi, no me parece pérdida económica).

Por supuesto en el canon bibliotecario intervienen sociedades de gestión, empresas privadas (parasitarias) que, como sabemos por la SGAE, solo miran por si mismas. El autor es una mera excusa. Si pueden evitar dar a los autores el dinero que les corresponda no dudeis que lo harán. Esas sociedades y las editoriales insisten en que se trata de beneficiar al autor. Entonces, ¿por que esa cantidad de empresas privadas se meten a defender los intereses de personas que, en principio, son externas a ellas? Una empresa privada nunca metería dinero en una causa que no le va a beneficiar: la inversión económica ha de dar beneficios. El dinero es para editoriales y sociedades de gestión. Y si sobra algo, pues para los autores que les sean cercanos y hayan colaborado en la implantación del canon bibliotecario, mostrando esa acción al público para que se vea que el sistema “funciona”, y que los autores son los grandes beneficiados (si se han vendido a las editoriales, claro).

Mas atrás he puesto unos ejemplos de obras en las que en principio no hay que cobrar canon. Esas obras suelen ser antiguas, en muchos casos clásicos de la literatura. Probablemente supongan una cantidad importante de préstamos en bibliotecas. Al no haber autor, ni derechos económicos, ¿quien se lleva el dinero? ¿Que se hace con ese dinero? ¿No habría que eximir del pago de canon a determinadas obras? No, ya que supondría que las editoriales y sociedades de gestión dejarían de ingresar un dinero que, aunque no les corresponde legítimamente (recuerdo que cuando alguien coge algo que no es suyo, eso es robar) lo codician, lo desean con toda su alma (probablemente negra y podrida).

El tema del préstamo en biblioteca no es tan grave como lo ponen, según una encuesta (sacado de @bsysnet: Préstamo bibliotecario y derechos de autor):

A la pregunta: ¿Cómo ha llegado a sus manos el último libro que ha leído o está leyendo? Los porcentajes de respuesta son:

  • 57.6 % lo compró.
  • 20,7 % se lo han prestado.
  • 17,8 % se lo regalaron.
  • 3.9 % lo pidió prestado a la biblioteca.

Casi que les sale más rentable cobrarle el canon a aquellas personas que prestan sus propios libros. Un 3,9%, y dicen que les perjudica: ¡hay que ser muy roñosos!

Y una última razón: según el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, el canon bibliotecario es ilegal:

Artículo 37. Libre reproducción y préstamo en determinadas instituciones.

1. Los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones de las obras, cuando aquéllas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos, de titularidad pública o integradas en instituciones de carácter cultural o científico, y la reproducción se realice exclusivamente para fines de investigación.

2. Asimismo, los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español, no precisarán autorización de los titulares de los derechos ni les satisfarán remuneración por los préstamos que realicen.

Para saber más:

Tags: , , , , , , .

Datos del artículo:

Información del sitio